Simancas y la absurda competición por ver quién pone más trabas.

Rafael Simancas ha decidido sacar pecho en redes sociales con un dato que, en cualquier país sensato, sería motivo de preocupación, no de orgullo: 42 normas con rango de ley aprobadas desde agosto de 2023. Lo presenta como un récord, como si legislar más fuera sinónimo automático de trabajar mejor. Pero lo que en realidad está vendiendo es sobrerregulación, más burocracia y más obstáculos para el ciudadano y la empresa.

En su mensaje, además, cae en el ridículo de competir con comunidades autónomas como si esto fuera una carrera absurda de “a ver quién aprueba más leyes”, cuando todos sabemos que en España el problema no es la falta de leyes, sino el exceso de ellas. No se trata de calidad, sino de cantidad. Y la cantidad en exceso en el ámbito legislativo no es otra cosa que más normas, más papeleo, más licencias imposibles y más funcionarios dedicados a interpretar reglamentos interminables.

El verdadero trabajo de un legislador no debería medirse por cuántas leyes es capaz de vomitar en un año, sino por cuántas de ellas simplifican, eliminan duplicidades y facilitan la vida a la gente. Pero claro, eso no da titulares triunfalistas ni sirve para el postureo político en redes.

Lo más grave es que este tipo de mensajes refuerzan la idea de que nuestros políticos viven en una burbuja donde producir leyes es como fabricar churros: cuantos más, mejor. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sufre la maraña normativa, las ventanillas infinitas y los plazos eternos para cualquier trámite. Una España que necesita menos leyes y más sentido común, pero que recibe justo lo contrario.

Miguel Ángel Arranz