“Nadie sin papeles”: El eslogan que dinamita la legalidad y pone en riesgo la convivencia

En los últimos años, el mantra “nadie sin papeles” se ha convertido en una bandera de determinadas fuerzas políticas y asociaciones, especialmente en países como España, Francia o Italia. Un lema que, revestido de supuesta humanidad, oculta un mensaje profundamente peligroso: la anulación práctica de las fronteras, el desprecio a las leyes migratorias y el incentivo directo a la inmigración ilegal.

Detrás del buenismo de este eslogan se esconde una trampa moral y legal. ¿Qué significa realmente “nadie sin papeles”? ¿Que toda persona que entre en un país, sin importar cómo ni por qué, debe ser automáticamente regularizada? ¿Significa eso premiar al que entra de forma irregular frente al que espera su turno desde un consulado? ¿Tiene más derechos el que vulnera la ley que el que la respeta?

¿Qué ocurre en otros países?

Miremos a Europa. Suecia, referente de políticas progresistas durante décadas, ha endurecido recientemente su política migratoria. Tras años de aperturismo sin control, las autoridades reconocieron el error: zonas degradadas, aumento de la criminalidad y una brecha cultural insalvable. En palabras de la propia primera ministra sueca: “Tenemos una integración fallida y una inmigración excesiva.”

En Francia, Emmanuel Macron ha propuesto en 2024 expulsiones más rápidas y una inmigración “selectiva”, tras el incremento del delito en zonas con fuerte presencia de inmigrantes ilegales.

Incluso Alemania, históricamente más abierta, reconoció en su informe de seguridad de 2023 que las redes de tráfico de personas y la inmigración irregular se habían convertido en una amenaza estructural, favoreciendo el trabajo en negro, la sobrecarga de servicios públicos y el auge de movimientos extremistas.

Legalidad no es racismo, es orden

Decir que la inmigración debe ser regulada y controlada no es xenofobia, es sentido común. Como tampoco es insolidario exigir que quien entra en un país lo haga respetando las normas. Las leyes migratorias existen para preservar la cohesión social, proteger el empleo local y garantizar un mínimo de integración y seguridad.

Cuando se impone el discurso de “nadie sin papeles”, se genera un mensaje nefasto: da igual cómo llegues, acabarás siendo regularizado. Esto incentiva mafias, pateras, vuelos clandestinos y campamentos ilegales. Y a la vez, envía una bofetada al inmigrante legal, al que sí esperó, al que se esforzó por integrarse desde la legalidad.

Consecuencias reales: inseguridad y saturación

El impacto del “nadie sin papeles” ya es visible:

• Colapso en servicios sociales: los ayuntamientos españoles denuncian que no pueden absorber más personas sin empadronamiento ni documentación.

• Sanidad desbordada: usuarios sin cobertura legal acceden a urgencias y atención médica gratuita, sin contraprestación fiscal alguna.

• Mercado laboral informal: crecimiento del empleo sumergido, sin cotizaciones ni derechos, con sueldos indignos que bajan el listón para todos.

• Conflicto social: el aumento de barrios guetificados genera tensión, desconfianza y radicalización, tanto entre migrantes como entre los locales.

“Nadie sin papeles” no es compasión, es caos

El verdadero acto de justicia no es legalizar por decreto a quien entra por la puerta de atrás, sino ofrecer oportunidades reales, ordenadas y sostenibles. Y sobre todo, proteger el Estado de Derecho. Porque cuando se normaliza la irregularidad, el mensaje es devastador para la convivencia: todo vale. No importa la ley. No importa el esfuerzo. Solo importa entrar.

No se trata de cerrar puertas, sino de usar la llave correcta. Regularizar en masa, sin control ni criterio, solo genera injusticia, inseguridad y resentimiento. Y cuando líderes como Irene Montero avalan públicamente este discurso en Europa, el problema deja de ser local y se convierte en continental.

Miguel Ángel Arranz