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La administración pública: último refugio de los sindicalistas vividores

  • Foto del escritor: Miguel Ángel Arranz Molins
    Miguel Ángel Arranz Molins
  • 15 ago
  • 2 Min. de lectura

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La noticia es clara: en los últimos diez años, los liberados sindicales en la Administración General del Estado han aumentado un 23%. En 2024 ya había 486 representantes con dispensa sindical. La pregunta es sencilla: ¿para qué?

Porque, seamos realistas, los sindicatos de hoy no son referentes para absolutamente nadie. Ya no representan a los trabajadores, sino a sí mismos. No negocian mejoras colectivas; negocian su supervivencia, sus cuotas de poder y sus generosas subvenciones públicas. Funcionan como una maquinaria perfectamente engrasada para vivir a costa del contribuyente, blindados en despachos, con dietas, privilegios y, sobre todo, con una productividad que haría sonrojar a cualquier empleado medio.


Su único refugio real está en la Administración Pública, el gran paraguas que permite sus excesos y caprichos personales. Allí se alimentan de un sistema que les da cobertura, dinero y relevancia artificial, mientras fuera, en el mundo real, la mayoría de trabajadores ni los consulta ni los necesita. De hecho, su influencia en la empresa privada es residual. En muchos sectores, su papel es casi decorativo: aparecen en las fotos, firman lo que les mandan firmar y desaparecen hasta la próxima manifestación subvencionada.


La realidad es incómoda para ellos: su poder ya no se mide en afiliados ni en logros sindicales, sino en liberados que no pisan su puesto de trabajo ni por casualidad. Son especialistas en convertir el concepto de “defensa de los derechos laborales” en una excusa para mantener su chiringuito a flote.


No representan a los trabajadores, representan a su cúpula, a sus intereses y a su bolsillo. Mantener este modelo es como sostener un museo de parásitos profesionales con cargo a los impuestos de todos. Y lo más sangrante es que el sistema político lo consiente —y lo financia— porque es útil tener un puñado de supuestos “interlocutores sociales” dóciles, que mantengan a raya el descontento y devuelvan favores cuando se les necesita.


Mientras tanto, el trabajador de a pie sigue viendo cómo sus condiciones no mejoran, cómo sus salarios pierden poder adquisitivo y cómo, en lugar de defender sus intereses, estos supuestos representantes están demasiado ocupados en mantener sus privilegios. Y todo esto, con la bendición de un Estado que prefiere un sindicalismo domesticado a uno combativo.


los sindicatos actuales son un fósil caro, un atrezzo del pasado convertido en negocio privado, que solo sirve para mantener a sus dirigentes viviendo de un sueldo que pagamos todos. Un chiringuito más, protegido por el BOE, blindado por las subvenciones y ajeno a la realidad laboral del país.


Miguel Ángel Arranz

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