España no puede más: urge un plan real contra la inmigración ilegal y la inseguridad

La inmigración ha formado parte de la historia de España. Nuestro país, como otros de Europa, ha recibido a miles de personas que buscan un futuro mejor, oportunidades y seguridad. Muchas de ellas llegan con papeles, respetan nuestras leyes y se integran en nuestra sociedad. Pero negar que existe un problema real con la inmigración ilegal es cerrar los ojos ante una realidad que ya afecta directamente a nuestra convivencia, a nuestra percepción de seguridad y a la cohesión social.

Y no, esto no va de racismo, ni de odio, ni de xenofobia. Va de legalidad, de responsabilidad y de sentido común.

En España, cada vez que aparece una noticia sobre un inmigrante ilegal implicado en un delito, la desconfianza social aumenta. No porque la nacionalidad del delincuente sea relevante, sino porque el ciudadano español percibe que el sistema falla:

• Fallan los controles fronterizos.

• Falla la identificación de personas sin documentación.

• Falla la política de expulsiones.

No se trata de señalar al extranjero por ser extranjero, sino de asumir que quien está en situación irregular no puede disfrutar de los mismos derechos que quien sí cumple con la ley. Y mucho menos puede permanecer en nuestro país si además comete un delito.

El debate sobre inmigración ilegal en España se ha convertido en una batalla ideológica. Por un lado, quienes promueven un buenismo ingenuo que convierte a cualquier inmigrante, sin distinción, en una víctima del sistema. Por otro, quienes fomentan discursos de odio y xenofobia, señalando al extranjero como la raíz de todos los problemas.

Ambas posturas son igual de equivocadas.

• No podemos permitir que el buenismo lleve a una política de fronteras abiertas, donde cualquiera pueda entrar sin control.

• Pero tampoco podemos caer en la trampa del odio, que solo divide, fractura y alimenta enfrentamientos sociales.

La solución está en la responsabilidad y la firmeza.

España necesita políticas claras de integración, pero la integración solo es posible dentro de la legalidad. Quien llega legalmente, con papeles en regla, debe tener acceso a programas de aprendizaje del idioma, formación profesional y normas de convivencia. Eso fortalece nuestra sociedad y genera oportunidades reales para todos.

Pero quien está en situación ilegal no puede quedarse.

Y más aún: quien comete un delito debe ser expulsado de inmediato. No puede ser que existan delincuentes reincidentes en situación irregular que acumulen antecedentes y sigan en España. Eso genera una percepción de impunidad, mina la confianza en las instituciones y alimenta la sensación de inseguridad entre los ciudadanos.

Uno de los retos más complejos es la gestión de los menores extranjeros no acompañados (MENAs). La situación actual genera tensión social, problemas de convivencia y una sobrecarga en los sistemas de protección de menores de las comunidades autónomas.

Es imprescindible:

• Comprobar de forma rigurosa la edad real de cada menor mediante pruebas médicas objetivas.

• Verificar el país de origen mediante cooperación con consulados y autoridades competentes.

• Garantizar la tutela y la protección temporal de quienes demuestren ser menores de edad, tal y como exige la legislación española y los tratados internacionales.

• Repatriar de forma ordenada a los que resulten ser mayores de edad o a quienes, una vez identificados, puedan ser devueltos de forma segura a su país de origen.

España no puede convertirse en un refugio sin control, y la protección de la infancia no puede ser utilizada como un coladero para eludir las leyes de extranjería. La protección sí, pero con control, rigor y responsabilidad.

Para dar una respuesta contundente al problema, es necesario actuar en varios frentes:

• Control fronterizo efectivo → Mayor inversión en vigilancia y acuerdos con países de origen para gestionar flujos migratorios.

• Refuerzo en identificación y regularización → Crear un sistema ágil para determinar rápidamente quién puede quedarse y quién debe ser devuelto.

• Expulsión inmediata de delincuentes ilegales → Priorizar recursos para sacar del país a todo extranjero en situación irregular que cometa un delito.

• Plan nacional de integración → Idioma, cultura, empleo y convivencia. Los inmigrantes legales deben ser parte activa de la sociedad.

• Reforma del sistema de asilo → No se puede abusar de la figura del refugiado. Cada caso debe ser evaluado con rigor, no con ideología.

• Gestión responsable de los menores no acompañados → Protección para los que lo necesitan, repatriación para los que no cumplen los requisitos.

España necesita un debate maduro, sereno y honesto sobre inmigración ilegal. No se puede seguir barriendo el problema bajo la alfombra, porque mientras tanto crece la tensión social, aumenta la desconfianza ciudadana y se alimentan los extremos.

No se trata de cerrar las puertas al que viene a trabajar, respetar y aportar. Se trata de proteger el Estado de Derecho, la seguridad y la convivencia.

Y esto implica decir alto y claro:

• Integración, sí.

• Ilegalidad, no.

• Delincuentes ilegales, expulsión inmediata.

• Control exhaustivo de los menores no acompañados, con pruebas de edad y repatriación si es necesario.

Si España no toma decisiones firmes hoy, el coste social, económico y de seguridad mañana será mucho más alto.

Miguel Ángel Arranz