El ingreso mínimo vital: sentido común frente a la izquierda caviar y también los de las "paguitas"

En España hemos asumido como normalidad que para cobrar el paro hay que haber trabajado y cotizado, que para ser funcionario hay que estudiar y superar pruebas durísimas, y que para recibir una beca no basta con querer estudiar: hay que demostrar méritos académicos y ajustarse a unos límites de renta. Todo eso lo aceptamos sin pestañear. Nadie lo discute porque parece lógico: lo que se recibe del Estado va ligado a un esfuerzo, a un requisito, a una responsabilidad.

Sin embargo, cuando llegamos al Ingreso Mínimo Vital (IMV), esa lógica desaparece. Hoy en día, para optar a esta ayuda basta con haber residido un año en España. Punto. Ni haber trabajado, ni haber cotizado, ni haber contribuido de ninguna manera al sistema. Simplemente estar aquí. Y lo más grave: ni siquiera se exige una plena situación de legalidad en muchos casos, con lo cual la paradoja es enorme.

El IMV nació con la idea de ser una red de seguridad puntual, un salvavidas ante caídas bruscas en la vida de una familia. Eso es legítimo y necesario. El problema llega cuando esta ayuda se convierte en un modo de vida, en un ingreso perpetuo que se mantiene sin esfuerzo ni contraprestación. Y ahí está el verdadero agujero negro: el Estado alimenta una dependencia crónica que no fomenta ni la inserción laboral ni la responsabilidad social.

Pregunto con toda crudeza: si para tener una pensión contributiva hay que cotizar décadas enteras, si para acceder a una beca hay que cumplir exigentes condiciones académicas y económicas, si para recibir una prestación de desempleo hay que haber aportado antes a la Seguridad Social, ¿cómo es posible que para recibir el IMV baste con acreditar un año de estancia en España?

Esto no es ni odio ni demagogia barata sobre “paguitas”. Es sentido común. El dinero del IMV no cae del cielo: sale de los impuestos de todos, de quienes se levantan cada día a trabajar, a pagar autónomos, a cotizar. Y lo justo, lo mínimo, es que quienes lo reciban también hayan demostrado un mínimo compromiso con este país.

España necesita ayudas sociales, claro que sí. Pero lo que no necesita es abrir un grifo sin filtros, donde unos pocos lo convierten en un estilo de vida mientras otros cumplen religiosamente cada requisito para poder acceder a lo suyo. La justicia social no es regalar sin criterio: es exigir proporcionalidad, reciprocidad y responsabilidad.

Porque de lo contrario, el Ingreso Mínimo Vital dejará de ser un salvavidas y se convertirá en otro lastre más para quienes sí sostienen con su esfuerzo el sistema.

Miguel Ángel Arranz